La población de un Estado implica toda aquella persona que reside en territorio nacional, sin embargo, México es un país con más de 11 millones de migrantes que viven en el exterior e intervienen en la situación del país de manera directa o indirecta, a través del envío de remesas y su participación en proyectos productivos, de manera coordinada con el gobierno nacional, esto de acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (2017).

Para entender la situación actual del Estado mexicano, es necesario conocer a detalle algunos números (INEGI, 2015) que permitan generar un diagnóstico del país.

• La población en territorio nacional asciende a 119, 938,473 de personas las cuales residen en 32 entidades federativas, de las se destaca la Ciudad de México por la mayor concentración de habitantes que asciende 16, 225,409.
• Los gobiernos estatales cuentan con 2,179 instituciones, que se encargan del despacho administrativo y la gestión pública para el mayor bienestar posible a sus pobladores. Asimismo, el gobierno central cuenta con 718 instituciones, que gestionan el despacho administrativo a nivel federal.

De acuerdo con Pichardo (2002), territorio como elemento geográfico del Estado, es el espacio terrestre, aéreo y marítimo sobre el cual el ente estatal ejerce su poder y se define, jurídicamente como un espacio tridimensional incluyendo el espacio situado arriba y abajo del plano terrestre. Hacia abajo, se supone que el ámbito territorial espacial adopta forma de un cono cuyo vértice se encuentra en el centro de la tierra. Hacia arriba se ha reconocido la soberanía de cada Estado sobre el espacio aéreo correspondiente a su superficie terrestre. (P.p. 26-27)

En el Artículo 42° de la Constitución, el territorio nacional queda integrado del siguiente modo:

• Partes integrantes de la federación, es decir 32 Estados.
• Islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes.
• Las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico.
• La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes.
• Las aguas de los mares territoriales, en la extensión y términos que fija el derecho internacional, y las marítimas interiores.
• El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional.

Extensión de México. Marco geoestadístico nacional (INEGI, 2010).

De acuerdo con el INEGI (2010) la superficie total del país es de 5 120 679 km2, misma que se distribuye de la siguiente manera:

Superficie continental:	1 960 189 km2.
Zona económica exclusiva (incluye islas y mar territorial):	3 149 920 km2.
Plataforma continental extendida en el polígono occidental del Golfo de México:	10 570 km2.
Superficie total	5 120 679 km2

Antes de la conformación actual del territorio nacional, el Estado mexicano enfrentó diversas adversidades y presión política que derivaron en la pérdida de más de la mitad de su territorio. Al respecto el INEGI (2008) señala que en 1822, México contaba oficialmente con la mayor extensión territorial de su historia: 22 Provincias con más de 5 millones de kilómetros cuadrados (superficie continental). Para darse una idea la extensión actual de América Central es de 500 mil km2, que representa tan solo una quinta parte de lo que hoy ocupa el territorio cedido, mismo que abarca los estados de Texas, Nuevo México, California, Arizona y Nevada (2 500 000 km2 de superficie continental).

De acuerdo con un artículo de Milenio Diario (2016),

El 2 de febrero de 1848, el presidente interino de los Estados Unidos Mexicanos, Manuel de la Peña y Peña firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, a través del cual México cedió a los Estados Unidos de América más de la mitad de su territorio. Con el propósito de poner fin a la Guerra de Intervención Estadounidense, Peña y Peña firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que se cedió el territorio mexicano que actualmente constituye los estados de California, Arizona, Nevada, Utah y parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming.

Según se establece en este tratado de “paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América”, estos últimos pagaron 15 millones de dólares como compensación por los daños al territorio mexicano durante la guerra.  Otro de los aspectos del tratado disponen que: se estableció al Río Bravo del Norte o Río Grande como la línea divisoria entre Texas y México; se estipuló la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieron en el nuevo territorio estadounidense. Además, Estados Unidos aceptó patrullar su lado de la frontera, y ambos países aceptaron dirimir futuras disputas bajo el arbitraje obligatorio.

Tomada de Commons.wikimedia.org.

Respecto al tercer elemento del Estado, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los poderes públicos se denominan Supremo Poder Ejecutivo de la Unión. Para Pichardo (2002) los poderes públicos, equivalen a la soberanía del Estado en su doble dimensión de independencia externa y supremacía interna. También se acepta la tesis que sostiene que la soberanía radica originalmente en el pueblo. En México la expresión única del poder público del Estado es la Constitución, misma que establece la forma de gobierno del Estado mexicano, la división de poderes y las garantías individuales y sociales de los mexicanos. (P.30)

Finalmente, de acuerdo con el Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene todo el tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto es congruente con lo establecido por Pichardo (2002) quien define el concepto de soberanía como una característica fundamental del poder del Estado por lo que el poder público como elemento del Estado es la soberanía del Estado. En México la población o pueblo es el titular de la soberanía y esta, a su vez, reside en la propia Constitución. (P.p. 30 -31).