El proceso histórico por el que México atravesó para la consolidación de la participación ciudadana ha sido determinante para la estrategia que, conjuntamente la ciudadanía, gobierno y sociedad civil organizada implementan hoy en día en el país. Para tener un marco de referencia de acuerdo a las fechas, a continuación se presenta una línea del tiempo que permite ilustrar el proceso histórico de la participación ciudadana en México (Serrano, 2010):
Ley Federal de Planeación
Sistema Nacional de Planeación Democrática
Plan Nacional de Desarrollo
Reforma del Artículo 115 constitucional que fortalece a municipios
Ley de Fomento a la Participación Comunitaria en el estado de Guerrero
Política social “SOLIDARIDAD”
Ley Federal de Educación: Consejos Sociales de Participación en las escuelas.
Política sistemática de innovación democrática a través de la autogestión de áreas naturales protegidas.
• Ley de participación ciudadana en Chihuahua y Distrito Federal
• Se presentó el más alto nivel de participación en la historia mexicana, alcanzando un extraordinario 77.16% en los votos en esa ocasión
• Reforma electoral elecciones verdaderamente competitivas.
• “Martes Ciudadanos” Algunos municipios se desarrolla una política de cercanía con la ciudadanía.
• Se crean los Institutos Municipales de Planeación (donde se atraía la participación de organizaciones empresariales, profesionales y de vecinos en la elaboración de políticas públicas).
• Ley de Desarrollo Social
• Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y la consiguiente creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (IFAI)
Ley Federal de Apoyo a las actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
• 17 estados ya contaban con una ley de participación ciudadana
• Se implementa la “micro planeación” en Ciudad Juárez y los ciudadanos intervienen en el proceso de elaboración de Planes para Mejoramiento de los Barrios en ese municipio
Estos acontecimientos fueron el resultado de la evolución y lucha por espacios que le dieron voz a la población, así como el rompimiento de paradigmas establecidos por las instituciones gubernamentales encargadas de ejercer la acción gubernamental. Como resultado el gobierno llevó a cabo una estrategia que sentó las primeras bases de la participación ciudadana en México. A continuación se narran dichos acontecimientos:
1983 |
1983 |
1984 |
1988-1994 |
Se aprobó la Ley Federal de Planeación, la cual institucionalizó las consultas populares. Además, creó el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el cual sirvió de paraguas a 18 foros, de los cuales se supone que resultó el Plan Nacional de Desarrollo, metodología que por cierto hasta la fecha sigue en aplicación (Olvera, 2007). |
Se reformó el Artículo 115 constitucional, que regula la vida municipal. Esta reforma, entre otras cosas, invistió de personalidad jurídica a los municipios y se les otorgó facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley. Asimismo, a los ayuntamientos se les asigna competencia reglamentaria para ordenar lo relativo al Bando de Policía y Buen Gobierno y todas las demás competencias para la prestación de servicios públicos. |
La figura del referéndum en la constitución local del estado, para luego aprobarse una Ley de Fomento a la Participación Comunitaria, en mayo de 1987. |
Un nuevo viraje en el enfoque gubernamental de la participación ciudadana se dio en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). En esa administración se desarrolló e implementó un programa de política social innovador que recibió el nombre de SOLIDARIDAD. El programa, además de que fue el emblema que caracterizó su gestión, era un concepto que unificaba al gobierno y a la sociedad en la implementación de una política social. |
En resumen, para recuperar la legitimidad perdida, superar la crisis de gobernabilidad y seguir manteniendo la potestad del régimen, las autoridades mexicanas tuvieron que ceder una porción de su poder. Transfirieron parte de sus funciones a los gobiernos locales, pero al mismo tiempo incluyeron a nuevos actores en la toma de decisiones. Sin embargo, la participación ciudadana en esa década no dio muchos frutos, a pesar de que los gobiernos la incluyeron en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y en las políticas sociales. Esto se debió a que, en la realidad, estas administraciones todavía querían gozar del total dominio del Estado, por lo que sus esfuerzos únicamente se convirtieron en pequeños espacios donde la opinión de la ciudadanía era reducida a la nada. No fue sino hasta la década de los noventa cuando se haría un verdadero esfuerzo por construir los cimientos de la participación ciudadana.
Participación ciudadana en la década de los noventa
La década de los noventa se caracteriza por dos tendencias:
De una parte, se suscitan un conjunto de reformas constitucionales que coloca el énfasis en los instrumentos de la democracia directa y da oportunidad a la participación ciudadana en la administración pública. De otra, se evidencia un claro refuerzo a la transferencia de los servicios sociales por parte del gobierno central, pero dotando a las comunidades de un peso especial en su conducción (Cunill, 1997).
En efecto, diferentes estados de la República empiezan a incluir en sus constituciones locales, mecanismos de democracia directa, además de que se crean reglamentos de participación ciudadana. Siguiendo con esta línea, a nivel federal hay importantes innovaciones legales e institucionales que facilitan el despliegue de algunas experiencias de participación ciudadana en la prestación de servicios.
El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) impulsó algunos experimentos interesantes en el terreno de las políticas públicas, ya que en el campo de la ecología hubo por primera vez una política sistemática de innovación democrática a través de la autogestión de áreas naturales protegidas. Por otra parte, en 1992 se aprobó una nueva Ley Federal de Educación, que determinaba la creación de Consejos Sociales de Participación en las escuelas públicas de educación básica en los niveles estatal, municipal y por escuela, los cuales permitían el involucramiento de los padres de familia (Olvera, 2007). La reforma electoral de 1996, además de posibilitar la realización de elecciones verdaderamente competitivas a nivel federal, permitió una oleada participativa en los comicios, pues el Instituto Federal Electoral (IFE) admitió la gestión autónoma y los consejeros ciudadanos.
En la década de los noventa sí se realizó un esfuerzo verdadero por incluir a la sociedad en la toma de decisiones públicas, sobre todo porque el presidente había perdido completamente las facultades metaconstitucionales de las que antes gozaba. Esto se debió a que —en primer lugar— en esa década el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la mayoría calificada para aprobar las reformas necesarias en el Senado, lo cual provocó que el Poder Legislativo fuera verdaderamente un contrapeso al Poder Ejecutivo; y segundo, porque dos partidos, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el PAN, se convirtieron en fuerzas políticas a causa de algunas victorias que tuvieron en muchos municipios y estados de la República.
Como se ha descrito, la participación ciudadana en México ha atravesado por diversos procesos en donde han intervenido fuerzas políticas pero principalmente ciudadanos que cada día son más exigentes en ese sentido. Aun así hace falta mucho por hacer y el Estado mexicano, en colaboración con la sociedad civil organizada, ha permitido que las condiciones se lleven a cabo con la finalidad de lograr la participación ciudadana.Regresa al aula para continuar con el estudio de la unidad.