Como complemento a la reforma constitucional penal de 2008, el 11 de junio de 2011 se hacen modificaciones a la Ley Suprema en materia de derechos humanos dentro del título primero, capítulo I “De los derechos humanos y sus garantías”, señalando el goce de los derechos humanos por todas las personas, bajo la protección de la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual forma, indica que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

De esta manera, se abren las posibilidades para que en materia de Derecho Penal se invoquen normas internacionales para la protección de los derechos humanos tanto del imputado, como de la víctima u ofendido, obligándosele al órgano jurisdiccional a respectar en todo momento dichos derechos e interpretando de manera favorable para este cometido.

En esta sesión identificarás los antecedentes institucionales por medio de los cuales se han protegido los derechos humanos en México, los principios que rigen la protección de estos derechos y en qué radica la reforma del 2011 para su vinculación con el Derecho Penal.