El deterioro paulatino del ambiente causado principalmente por las actividades antropogénicas se ha intensificado recientemente en nuestro país. Diversas problemáticas como la contaminación, el uso indiscriminado de los recursos naturales y por ende, los efectos de estos fenómenos en la calidad de vida de los seres humanos han originado la necesidad de implementar nuevas formas de regular las conductas humanas que afectan la relación del hombre con la naturaleza. Estas formas de regulación incluyen diversos instrumentos económicos, políticos y jurídicos en materia ambiental.

En México, la primera ley de carácter ambiental se publica en 1971 con el nombre de Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, mientras que la ley vigente se publicó en 1988 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Los objetivos de esta legislación han ido modificándose desde el ámbito de competencia, la diversificación de los instrumentos en política ecológica hasta las instituciones que llevan a cabo la aplicación de la norma, las cuales implican la delegación de responsabilidades en las entidades federativas o estados (FAO, 2011). Estos esfuerzos coordinados han dirigido el eje normativo cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo sustentable al incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social (Calderón, 2007).

El término desarrollo sustentable, aparece en 1987 en la obra Nuestro Futuro, como parte del Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este término se definió como “un modelo de crecimiento que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Pérez-Granados y Molina-Cerón, 2007). Así, alcanzar el desarrollo sustentable implica, por ejemplo, cambios en el modo de producción, producir con responsabilidad, contar con un adecuado manejo de los residuos, demostrar respeto por nuestro medio ambiente y buscar un equilibrio entre el desarrollo y la utilización de nuestros recursos naturales. Este principio ha dado como resultado que los fundamentos para mantener un equilibrio entre el desarrollo y la conservación del entorno sean parte de la agenda jurídica y legal.